20 el_notariado_informa. Sentencias Con resonancia NULIDAD DE SWAP DE INFLACIÓN POR VICIO DEL CONSENTIMIENTO


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1 NULIDAD DE SWAP DE INFLACIÓN POR VICIO DEL CONSENTIMIENTO NULIDAD DE SWAP POR ERROR VICIO DEL CONSENTIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MIFID (TEST DE CONVENIENCIA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y TEST DE IDONEIDAD PARA ASESORAMIENTO FINANCIERO) PUEDE INCIDIR EN LA APRECIACIÓN DEL ERROR. STS 354/ /01/2014 Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio. Notas generales: TOGI, sin que conste en su representante conocimientos financieros específicos ni la consideración de inversor profesional, contrata con Caixa Penedés un swap de inflación sin haber realizado el test de conveniencia ni el de idoneidad, sino que se explica como seguro financiero frente a la inflación. La STS aprecia error relevante y excusable del consentimiento por falta de conocimiento del producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo y, en consecuencia, la nulidad del contrato. 1. Jurisprudencia sobre error vicio. La regulación del error vicio del consentimiento que puede conllevar la anulación del contrato se halla en el CC, art CC, en relación con art y los arts y ss. El TS ha elaborado una doctrina jurisprudencial, aplicada en otras ocasiones en las que se ha pronunciado sobre el error vicio en la contratación de un swap (SSTS 683/2012, de 21 de noviembre, y 626/2013, de 29 de octubre): hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta; es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. El error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse sobre aquellas presuposiciones sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato que hubieran sido la causa principal de su celebración. Y, además de esencial, ha de ser excusable. La jurisprudencia valora la conducta del ignorante o equivocado, negando protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial. 2. Incumplimiento de los test de adecuación e idoneidad. Por la necesidad de que el cliente minorista tiene de conocer el producto financiero que contrata y sus riesgos, y por el deber legal de la entidad financiera de suministrar al cliente información comprensible y adecuada sobre tales extremos, para salvar la asimetría informativa que podía viciar el consentimiento por error, la Directiva 2004/39/CE, conocida como MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), impone a la entidad financiera otros deberes relacionados con el conflicto de intereses en que incurre en la comercialización de un producto financiero complejo y, en su caso, la prestación de asesoramiento financiero para su contratación. En el primer caso, comercialización, la entidad financiera opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente previamente formada y debe valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del cliente y evaluar si es capaz de comprender los riesgos que implica el producto de inversión, mediante el test de conveniencia. En el segundo, asesoramiento financiero, que es el procedente en el caso sentenciado, además de la anterior evaluación, la entidad debería hacer un informe sobre la situación financiera y los objetivos de inversión del cliente para poder recomendarle ese producto, por medio del test de idoneidad. Pero conviene aclarar que lo que vicia el consentimiento por error es la falta de conocimiento del producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que determina en el cliente minorista que lo contrata una representación mental equivocada sobre el objeto del contrato, pero no el incumplimiento por parte de la entidad financiera del deber de informar previsto en el art. 79 bis.3 LMV, pues pudiera ser que ese cliente concreto ya conociera el contenido de esta información. Por eso, la ausencia del test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo. REGISTRO DE MOROSOS: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL REGISTRO DE MOROSOS: EL DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL TIENE CARÁCTER DE DERECHO FUNDAMENTAL. PRINCIPIO DE CALIDAD DE DATOS, CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y SU PERTINENCIA Y PROPORCIONALIDAD. STS 355/ /01/2014 Ponente: Sarazá Jimena, Rafael. Notas generales: Se estima la demanda de protección de derecho al honor por la inclusión indebida en ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, referidos al incumplimiento de obligaciones dinerarias ("registros de morosos"). La entidad demandada 1) mantuvo indebidamente datos relativos a los demandantes en los registros de solvencia patrimonial "Experian-Badexcug" y "Asnef-Equifax", atribuyéndoles una situación de riesgo por morosidad en la comunicación que realizó a los responsables de tales ficheros, y 2) se negó a su cancelación cuando los afectados ejercitaron su derecho de acceso y cancelación. 1. El derecho de protección de datos personales tiene el carácter de derecho fundamental. Reconocido como tal por la CE, aparece regulado en el Convenio 20 el_notariado_informa

2 108 del Consejo de Europa, de 28 enero 1981 (cuya importancia interpretativa a efectos de configurar el sentido y alcance del derecho fundamental recogido en el art CE fue reconocida por la STC 254/1993), en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (art. 8) y en la Directiva comunitaria 1995/46/CE, de 24 de octubre. 2. Los dos elementos fundamentales para enjuiciar si hay intromisión ilegítima en el derecho al honor son: a) El principio de calidad de datos consistente en que los datos personales recogidos, tratados e incorporados al fichero han de ser exactos (art. 6.1.e de la Directiva y 4.3 LOPD), adecuados, pertinentes y proporcionados y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan obtenido (art. 6.1.d de la Directiva y 4.1 LOPD); y, b) la concesión al afectado de un derecho de rectificación cuando sus datos personales hayan sido objeto de tratamiento sin respetar tales exigencias. 3. Excepcionalidad del tratamiento de datos personales. Como regla general, su recogida y tratamiento requiere el consentimiento inequívoco del afectado (art. 6.1 LOPD y 7.a de la Directiva). Sin dicho consentimiento tiene carácter excepcional, y solo se podrá realizar cuando se justifique por la satisfacción del interés legítimo perseguido, autorizado por la ley (art. 6.1 LOPD) y no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado (art. 7-f de la Directiva). A esta excepción responde la previsión del art LOPD de que pueden tratarse los datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor sin el consentimiento del afectado. Como el art CE reconoce un poder de disposición y de control sobre los datos relativos a la propia persona (STC 292/2000, de 30 de noviembre), es necesario extremar las exigencias de calidad de los datos cuando se recogen y tratan sin consentimiento del afectado y pueden vulnerar el derecho al honor y causar daños morales y patrimoniales. 4. En el caso estudiado: a) Se han incumplido las exigencias del principio de calidad de los datos comunicados al Registro de morosos por falta de exactitud de la deuda (comunicada por el importe estimado por el acreedor) y falta de pertinencia y proporcionalidad (se trataba de una deuda judicialmente cuestionada); y b) Es inaceptable el mantenimiento, en cuanto puede suponer una presión injustificada para que se acepte una reclamación judicial que ha sido impugnada. Procede la indemnización por la intromisión ilegítima, atendidas las circunstancias del caso y la gravedad de la lesión y las gestiones que han tenido que hacer los afectados para la cancelación de los datos. Nota. La sentencia comentada se refiere a los llamados registros de morosos previstos en el art LOPD, registros que son distintos del Cirbe, que es un fichero administrativo específico destinado a informar sobre los riesgos de crédito (v. STS 434/2014 de 29 de enero 2014, mismo ponente). FICHERO CIRBE: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HONOR POR INDEBIDA INCLUSIÓN EN UN FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR CONSTAR COMO FIADOR DE UN PRÉSTAMO EN EL FICHERO CIRBE: NO EXISTE VULNERACIÓN PORQUE LA CONDICIÓN DE FIADOR NO SUPONE DESMERECIMIENTO ALGUNO. STS 434/ /01/2014 Ponente: Sarazá Jimena, Rafael. Notas generales: Se interpone demanda de protección del derecho al honor por indebida inclusión en un fichero de datos de carácter personal alegando una intromisión ilegítima en el derecho al honor, consistente en constar erróneamente como fiador de un préstamo en el fichero de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe). La sentencia declara que no existe tal vulneración porque la condición de fiador no supone desmerecimiento alguno, al tiempo que distingue entre los llamados registros de morosos previstos en el art LOPD, registros que son distintos del Cirbe, que es un fichero administrativo específico destinado a informar sobre los riesgos de crédito derivados de contratos propios de la actividad financiera. El error consistía en que el fiador que intervino en una operación crediticia era en realidad el padre del demandante y se explicaba por la entidad financiera demandada porque ambos eran administradores de la sociedad prestataria. La inclusión y mantenimiento indebido de tales datos personales en el fichero de Cirbe supuso una infracción de la normativa de protección de datos personales que fue sancionada administrativamente. El fichero Cirbe no es propiamente un fichero de datos de carácter personal de los previstos en el apartado 2º del art. 29 de la LOPD, esto es, uno de los denominados habitualmente "registros de morosos" por recoger datos de carácter personal relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor. Es un fichero administrativo específico destinado a informar sobre los riesgos de crédito derivados de contratos propios de la actividad financiera. En este sentido, no es necesario un incumplimiento para ser incluido en el fichero, sino que basta la existencia de un riesgo, como ser prestatario, acreditado o fiador en una operación de crédito. Afirma la STS 284/2009, de 24 de abril, que «esta Sala, en pleno, ha mantenido la posición de entender que la inclusión, faltando a la veracidad, por una enti- el_notariado_informa 21

3 dad, en un registro de solvencia patrimonial los llamados "registros de morosos" implica un atentado al derecho del honor del interesado que ha aparecido en tal registro, erróneamente». Dicha sentencia, recogiendo la jurisprudencia de la Sala, considera que la vulneración del derecho al honor provocada por la inclusión en un registro de morosos viene determinada porque «supone desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena (artículo 7-7º Ley Orgánica 1/82 ), por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación. Sin embargo, la simple información sobre la condición de fiador o avalista de una persona en un préstamo concedido por una entidad financiera no supone desmerecimiento. Es más, en la sociedad actual es habitual la solicitud de financiación tanto por los particulares como por las empresas, y la intervención de fiadores o avalistas en tales operaciones, sin que ello lleve aparejada connotación peyorativa alguna. Por consiguiente, al no asociarse al demandante una información sobre impago o morosidad, no se ha vulnerado su derecho al honor. La ilicitud de la actuación de la demandada y la gravedad de su conducta es suficiente en sí misma para la imposición de una sanción administrativa consistente en una elevada multa, en cuanto que es infractora de la LOPD y de sus normas reglamentarias de desarrollo. Pero no lo es para que se declare la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la que derive la existencia de un daño indemnizable que no ha sido justificado. Caducidad de la acción: el inicio del plazo de caducidad se produce cuando los datos dejan de estar incluidos en el fichero. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA PH Y ACTOS PROPIOS EL PAGO DE UNOS GASTOS DE COMUNIDAD DISTINTOS A LOS QUE CORRESPONDEN SEGÚN LA CUOTA NO SUPONE UN CONSENTIMIENTO EN LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, NI SE APLICA LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. STS 350/ /02/2014 Ponente: Seijas Quintana, José Antonio. Notas generales: La jurisprudencia en torno a la doctrina de los actos propios, cuya base legal se encuentra en el artículo 7.1 CC, con carácter general, exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente; ii) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior; iii) que el acto sea concluyente e indubitado, constitutivo de la expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto. En régimen de propiedad horizontal, esta Sala ha declarado con reiteración (SSTS... 7 de marzo 2013) que la forma de contribución a los gastos comunes es según la cuota de participación fijada en el Título o a lo que especialmente se haya establecido, por lo que, en principio, todos los comuneros deben aportar conforme a su coeficiente, el cual, a veces, no coincide con su cuota de propiedad, pues caben reglas especiales para los gastos, que es precisamente "lo especialmente establecido" mencionado en el precepto, y que, aunque sea la Junta de Propietarios quien establezca un sistema singular para pagar determinadas partidas por conceptos de gastos o mantenimiento, ello supone una modificación estatutaria contraria a la ley, susceptible de ser impugnada judicialmente para lograr la anulación del acuerdo, sin que la tolerancia de cuentas o presupuestos en Juntas anteriores con un sistema de reparto diferente al que correspondía, en base a lo que especialmente se haya establecido en los Estatutos, sea suficiente aceptación de hecho para evitar la impugnación de un acuerdo similar adoptado en una Junta posterior. Como precisa la sentencia más reciente de 7 de marzo de 2013 "el hecho de que durante años se haya venido contribuyendo a los gastos comunes de una forma distinta a la prevista en los estatutos de una forma arbitraria, caprichosa o por simple comodidad o inercia en modo alguno significa que haya existido un acuerdo inequívoco de los copropietarios dirigido a modificar los estatutos sino que se trataría de una práctica simplemente tolerada. En estos supuestos bastaría el acuerdo mayoritario que no solo no pretende la modificación del título, sino precisamente la aplicación del mismo". NULIDAD DE COMPRAVENTA POR DEFECTO DE CABIDA DEFECTO DE CABIDA COMO ERROR SUSTANCIAL QUE PERMITE SOLICITAR LA NULIDAD DE LA COMPRAVENTA. DETERMINACIÓN DE LA ACCIÓN DE ANULACIÓN EJERCITADA (1301 Y 1471 DEL CÓDIGO CIVIL). PLAZO DE CADUCIDAD O DE PRESCRIPCIÓN. STS 857/ /02/2014 Ponente: Orduña Moreno, Francisco Javier. Notas generales: Los compradores demandantes formulan demanda solicitando la nulidad de la compraventa de dos fincas, y que se condene a la vendedora a devolver a los actores el precio pagado, con los intereses legales desde la presentación de la demandada. Como fundamento alegan el ejercicio de la acción de nulidad del art CC, con base en el últi- 22 el_notariado_informa

4 mo inciso del párrafo segundo del art.1471, al recaer engaño sobre las condiciones por la que los compradores habían celebrado el contrato, pues, mucho tiempo antes de la celebración del contrato, parte de una de las fincas fue expropiada por la Demarcación de Carreteras del Estado, hecho que la vendedora ocultó a los compradores. La demandada alega en su defensa, en primer lugar, que la acción ejercitada ha prescrito, y, con carácter subsidiario, la inexistencia de error como vicio de la voluntad, pues el trozo de terreno expropiado carece del requisito de esencialidad al ser totalmente secundario o sin interés. La cuestión central descansa sobre la determinación de la acción interpuesta a los efectos de su respectivo plazo de prescripción, ya con relación a la acción de nulidad general del artículo 1301 del Código Civil, o bien respecto de la específica acción de anulación, o de resolución o desistimiento, según se considere, que el Código contempla para la compraventa en el artículo Las Sentencias de Primera Instancia y de Apelación, estiman que la acción está prescrita y, en consecuencia, desestiman la demanda. En casación, se estima la infracción del art del Código Civil, en relación con el art del mismo cuerpo legal, pues la acción se ejercitó dentro de los cuatro años que contempla el art. 1301, y las Sentencias de instancia aplicaron el art CC, entendiendo que había prescrito la acción. Fundamentos. En el presente caso resulta decisivo, a tenor de la prescripción declarada, la determinación de la acción o acciones interpuestas por la parte actora en orden a la anulación solicitada. Con independencia de la calificación jurídica que merezca la naturaleza de esta específica acción de anulación en el seno de la compraventa su empleo puede resultar compatible con otras acciones sujetas a plazos generales, caso del plazo de caducidad de cuatro años previsto en el artículo 1301 del Código Civil. En la demanda se observa que la parte actora, en el componente jurídico que conforma su causa de pedir, incorpora con suficiente claridad la pretensión objeto de liza tanto en la especificidad de la acción ejercitada, que aparece expresamente individualizada en el petitum de la demanda: "en ejercicio de la acción de nulidad del artículo 1301 del Código Civil", como en los hechos relevantes que sirven de fundamento a la petición solicitada, refiriendo su argumentación con base a la acción de nulidad y con relación a hechos claramente conexos con la misma: "conocimiento del vendedor de que estaba vendiendo algo que no era suyo" o "al carácter negocial de la integridad de la cabida de la finca como condición determinante de la celebración del contrato". De ahí que, aunque la correlación o alcance sistemático que la parte actora realiza respecto del artículo 1471 del Código Civil no resulte del todo precisa por la dificultad interpretativa del precepto, no obstante, se infiere que "su no conformidad" lo es también con relación a la alegación de la consideración de un error sustancial sobre la base del contrato celebrado, esto es, que el objeto fue configurado con una determinada extensión superficial a los efectos de las finalidades buscadas por los compradores, y no de otra de menor cabida. EJECUCIÓN HIPOTECARIA: NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA QUE CAUSA INDEFENSIÓN NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DEBIDA A LA OMISIÓN O DEFECTUOSA NOTIFICACIÓN, QUE CONSTITUYE INDEFENSIÓN CUANDO PRIVA AL DESTINATARIO DEL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA EJERCER SU DEFENSA. STS 1.109/ /03/2014 Ponente: Sarazá Jimena, Rafael. Notas generales: Resumen: La ejecutada en un procedimiento de ejecución hipotecaria solicita su nulidad por vulneración de normas esenciales del procedimiento, causando indebida indefensión, por no haber sido notificada debidamente. Se declara la nulidad del procedimiento de ejecución, pues, aunque las notificaciones se verificaron en el lugar designado en la escritura de constitución de hipoteca, tales notificaciones no llegaron a conocimiento de la ejecutada, sin que la entidad ejecutante extremara la diligencia en comunicar al órgano judicial circunstancias excepcionales concurrentes (la notificada se hallaba en prisión), así como cualquier domicilio en que pudieran haberse hecho efectivos los actos de comunicación. Hubiera sido necesario que la ejecutante destruyera la presunción de desconocimiento del proceso por quien estuvo ausente del mismo y probar que fue por causa imputable al mismo. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha puesto de relieve la importancia que tiene la correcta realización de los actos de comunicación, en tanto constituyen la garantía del real conocimiento por el interesado de los actos procesales que constituyen su objeto. Su omisión o defectuosa realización constituye indefensión cuando priva al destinatario del conocimiento necesario para ejercer su defensa en los procesos o recursos en que intervenga o deba intervenir. El Tribunal Constitucional ha afirmado que, en los supuestos de procesos seguidos "inaudita parte", no se produce indefensión cuando la omisión o frustración de los actos de comunicación procesal tienen su el_notariado_informa 23

5 causa en la falta de diligencia del afectado en la defensa de sus derechos e intereses, bien porque se ha colocado al margen del proceso mediante una actitud pasiva, bien cuando resulte probado que poseía un conocimiento extraprocesal de la existencia del litigio en el que no fue personalmente emplazado (SSTC 149/2002, de 15 de julio, 6/2003, de 20 de enero, 55/2003, de 24 de marzo, 90/2003, de 19 de mayo, 191/2003, de 27 de octubre, 43/2006, de 13 febrero, 161/2006, de 22 de mayo, y 93/2009, de 20 de abril). El Tribunal Constitucional añade que estos reproches a la parte que no compareció en el proceso, que excluirían la existencia de indefensión vulneradora del art. 24 de la Constitución, no pueden fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que han de acreditarse fehacientemente para que surtan su efecto invalidante de la tacha de indefensión, habida cuenta de que lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso cuando así se alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, de 16 de mayo, 268/2000, de 13 de noviembre, 34/2001, de 12 febrero, y 61/2010, de 18 de octubre). En definitiva, el Tribunal Constitucional exige que se destruya la presunción de desconocimiento del proceso por causa no imputable a quien así lo alega, bien probando el conocimiento extraprocesal, bien probando una actitud pasiva con el fin de obtener una ventaja de esa marginación; y la práctica defectuosa de los actos de comunicación del proceso de ejecución hipotecaria que debieron entenderse con la recurrente, y las demás circunstancias concurrentes, impiden que pueda considerarse destruida tal presunción. Lo expuesto lleva a considerar que, efectivamente, se han vulnerado normas esenciales del proceso y que tal vulneración ha provocado indefensión a la ejecutada recurrente. MODERACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL NO CABE LA MODERACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL CUANDO SE CUMPLE EL SUPUESTO DE HECHO AL QUE SE ANUDA LA CLÁUSULA PENAL. STS 992/ /03/2014 Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio. Notas generales: La entidad demandante concertó un contrato de arrendamiento de máquinas recreativas, con asistencia técnica y servicio de mantenimiento, con los demandados, titulares de una cafetería restaurante. En el contrato se pactó que, en caso de que se impidiese la normal explotación de las máquinas o se resolviera anticipadamente el contrato, los titulares del establecimiento debían abonar a la arrendadora de las máquinas, por cada máquina instalada y desde que estas dejasen de trabajar, Ptas. por día, hasta el vencimiento del contrato. También se pactó que, en caso de resolución anticipada del contrato, los titulares del establecimiento se obligaban solidariamente a devolver el doble de la suma recibida a la firma del contrato en concepto de prima de instalación. Producido el incumplimiento de los demandados, la sentencia dictada en primera instancia condenó a los demandados al pago íntegro de la indemnización reclamada. Sin embargo, la Audiencia consideró injusto que se aplicara la pena y redujo la indemnización a la media de recaudación de los últimos cinco años, que cifró en euros. El TS casa la sentencia de la Audiencia Provincial y confirma la de primera instancia. Frente a la objeción, formulada en el escrito de oposición al recurso, de que la facultad moderadora de la pena contenida en el art CC no es revisable en casación, conviene puntualizar que lo que se cuestiona no es el ejercicio de la facultad discrecional de moderación, sino que en este supuesto cupiera ejercitarla, por lo que cabe su revisión en casación. La jurisprudencia sobre la procedencia del ejercicio de la facultad moderadora de una cláusula penal es clara y reiterada y fue confirmada por la Sentencia 999/2011, de 17 de enero de De acuerdo con esta jurisprudencia, no cabe "moderar la cláusula penal cuando está expresamente prevista para el incumplimiento parcial o para el cumplimiento deficiente o retardado, afirmándose en la sentencia 633/2010, de 1 de octubre, que reproduce la 384/2009, de 1 de junio, y las que en ella se citan, que la previsión contenida en el artículo 1154 "descarta el uso de la potestad judicial moderadora de la pena convencional si tal incumplimiento parcial o defectuoso hubiera sido el pactado como supuesto condicionante de la aplicación de la pena, ya que entonces se debe estar a lo acordado por las partes". De este modo, como indica la sentencia 839/2009, de 29 diciembre, el art CC "solo autoriza tal moderación por los tribunales cuando la obligación ha sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor y no cuando la penalidad se aplica directa y precisamente ante el supuesto que las partes contemplaron al establecerla, como ocurre igualmente en el caso de las penalizaciones establecidas por razón de morosidad". En el mismo sentido, sentencia 486/2011, de 12 de julio, con cita de otras sentencias anteriores. En este caso, una vez cumplido el supuesto de hecho al que se anudaba la cláusula penal, esta ya no podía moderarse por el tribunal al amparo del art CC invocando razones de equidad. Por esta razón, procede casar la sentencia de apelación, confirmando la dictada en primera instancia que condenó a los demandados al pago de la indemnización reclamada. 24 el_notariado_informa

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