INFORME MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT


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1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT OBSERVATORIO DE VIOLENCIA SOCIAL Y DE GÉNERO NAYARIT Proyecto: Análisis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Su aplicación y su accionar INFORME MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RÍO, NAYARIT Tepic, Nayarit. Diciembre 2012

2 COORDINADORA DEL PROYECTO Dra. Ma. del Refugio Navarro Hernández INVESTIGADORES Dr. Salvador Vázquez Sánchez Mtra. Ileana J. Velasco Aragón Lic. Carlos Edmundo Ramírez Navarro COLABORADORES Mtra. Dalinda I. Sandoval Acosta Mtra. Prisca I. Romo González Ma. Araceli Salmerón Campos Martha Yesenia Gutiérrez Godínez Sergio Arturo Cataño Choza Ricardo Emigdio Hernández Filippini

3 Introducción El surgimiento de nuevos países y naciones, como los africanos; los profundos cambios operados en regiones consideradas periféricas a los centros de poder mundial, que presenta características de regresiones enormes respecto de los derechos civiles, mostraron a los países centrales la necesidad de reconsiderar nuevos principios de convivencia y así se gestó la revolución jurídica más importante de los últimos años: la actualización y el desarrollo de los derechos humanos. Parecería extraño que en pleno tercer milenio nos preguntemos cuestiones tan elementales como el respeto a la vida y, en consecuencia, el respeto a la mujer; sin embargo, es la tónica que presentan los últimos reacomodos de las sociedades humanas; en este marco, la creación de leyes desde organismos internacionales que por constitucionalismos ya sean nacionalistas o internacionalistas obliguen, mediante procedimientos diplomáticos, a hacer nuevos planteamientos en cuestión de derechos humanos y a los específicos derechos de la mujer, del niño y de la niña, no significa por ese sólo hecho que los procesos de justicia se hayan implementado, de tal forma que ya estemos ante una nueva realidad socio-jurídica y que las luchas por las reivindicaciones no se justifiquen o que el esfuerzo que se hace por vigilar y observar el cumplimiento de las disposiciones que las leyes ya promulgadas se vuelvan vida cotidiana y sea una lucha ociosa o anacrónica. Todo lo contrario, es ahora el momento en que debemos estar alertas de que las utopías sobre las igualdades encuentre el cauce de una realización que diseñe nuevas perspectivas entre los géneros; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un paso importante para las mujeres nayaritas, pues es una plataforma de defensa de la integridad que, como en otros estados de la república mexicana, se ven amenazados constantemente por la criminalidad, la inestabilidad económica y política y destruye las estructuras básicas de la familia, la sociedad y el estado.

4 Si bien esta Ley fue promulgada hace cuatro años, no tenemos ningún referente que evalúe, así sea de manera indicativa, la forma de cómo se ha venido aplicando; esto es, las instituciones encargadas de su aplicación y las autoridades responsables del cumplimiento de los desarrollos de los derechos específicos para las mujeres, no han tenido la manera de informar a la sociedad sobre los mecanismos en los que fundamentan las políticas públicas y en qué miden sus parámetros de desempeño para mejorar la condición femenina. El estado de Nayarit se ha considerado como una de las entidades donde el feminicidio está presente y es uno de los estados con menor desarrollo económico; entonces qué le espera a esta sociedad, a las nuevas generaciones, si desde ahora, no tenemos las herramientas para entender cuál es la estructura de los fenómenos de la discriminación y de la violencia que perfilan a la sociedad contemporánea del estado de Nayarit? Este proyecto pretende en parte cubrir este vacío, como una primera aproximación a la problemática de la violencia social y de género.

5 Antecedentes La violencia contra las mujeres se empieza a reconocer oficialmente en 1989, cuando el COCEDAW emite la recomendación No. 12 que menciona a la Violencia contra las mujeres cómo un fenómeno que destruye las bases mismas de la sociedad. En el mismo sentido, en el año 1992 la misma institución emite la recomendación No. 19 y no es sino hasta el año siguiente (1993) que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que estipula que la violencia, por razón de sexo y todas las formas de acoso y explotación sexual, deben ser eliminadas porque van en contra de la dignidad y el valor de las personas, reconociéndose así, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así también, se asume que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades y que los Estados Partes no siempre reflejaban, de manera apropiada, la estrecha relación que hay entre la discriminación de la mujer, la violencia contra ella, las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se reconoce que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. (CITA) En 1994, a partir de la Convención de Belem do Pará, se estableció que toda mujer tiene derecho a: i) que se respete su vida; ii) se respete su integridad física, psíquica y moral; iii) la libertad y seguridad personales; iv) no ser sometida a torturas; v) se respete la dignidad inherente a su persona y se proteja a su familia, vi) a la igualdad de ser protegida ante

6 la ley y de la ley misma. vii) ejercer el derecho a asistencia jurisdiccional que vuelvan la justicia a formas sencillas y rápidas ante tribunales competentes y sean amparadas contra actos de autoridades que violen sus derechos. Los anteriores pronunciamientos obligan al estado mexicano a observarlos como compromisos mediante las relaciones de derecho internacional y, en consecuencia, a tomar las debidas medidas de carácter legislativo para crear normas, modificarlas o abolir leyes y reglamentos vigentes que pongan en marcha los acuerdos necesarios para que las mujeres estén protegidas bajo las leyes nacionales. Los procesos que se generan al modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que reproducen la tolerancia de la violencia contra la mujer es un proceso largo que requiere etapas de maduración para que se conviertan en procedimientos legales justos y eficaces pero que revisten una constante vigilancia y desarrollo de medidas de protección cada vez más amplias hasta convertir, la impartición de justicia, en acciones oportunas y de acceso efectivo a los derechos que hagan de la mujer una persona en el ejercicio pleno de sus derechos; esto es, que las mujeres objeto de violencia, tengan acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y a adoptar las disposiciones que sean necesarias para hacer efectiva la Convención. No obstante el interés efectivo por adecuar la legislación nacional a los acuerdos internacionales, persistían en las legislaciones estatales y en ciertos ámbitos de la federación, algunos preceptos jurídicos que no facilitaban el acceso de las mujeres a una vida sin violencia, por lo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación, en agosto del 2006, recomendó al gobierno mexicano a adoptar, sin demora, las medidas necesarias para poner fin a la violencia contra las mujeres por cualquier persona, organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles de la administración pública. Así también, que se acelerara la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito, y que el proyecto de Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, fuera aprobada lo más pronto posible, por ser el instrumento más

7 directo que permitiría a las mujeres tener un instrumento de acción defensiva ante el embate exponencial de la violencia contra ellas. Desde el 2006 al 2012 corresponde a un régimen completo en el que en paralelo a las acciones del estado, el desarrollo institucional a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), se han venido instalando las instituciones que garantizan su aplicación en los estados de la república (promulgación de leyes y reglamentos estatales, instalación de procuradurías para la defensa de la mujer y la familia, procuradurías especializadas, capacitación de los funcionarios de la administración pública estatal y federal, redes de refugios y albergues, entre otros). Sin embargo, la falta de continuidad de esfuerzos que caracteriza las administraciones locales, no han permitido establecer un sistema de prevención, atención y erradicación de la violencia que nos permitía tranquilizarnos respecto del futuro de las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres; el presente trabajo deriva de que, a cuatro año de haber sido publicada la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV) en el estado de Nayarit y a cinco años de la publicación de la LGAMVLV, que señalaba la promulgación en las entidades federativas y municipios una ley similar que tuviera como objetivo garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, se exige una revisión sobre su aplicación y accionar. La LGAMVLV, la primera en su tipo, justamente tiene como objeto prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres, violencia que obstaculiza el efectivo goce y el ejercicio de los derechos fundamentales, y su desarrollo en diversos ámbitos (CEAMEG, 2008). Esta Ley consta de 59 artículos en tres Títulos y cinco Capítulos. En el primer Título se consideran: las disposiciones generales, objetivo, principios rectores, conceptualización de los términos utilizados. En el segundo, se explicitan las modalidades de la violencia y se establece la Alerta de Violencia de Género así como las órdenes de protección. En el último se estipula la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y se distribuyen las competencias en materia entre la Federación, las entidades

8 federativas y municipios, se delimitan los mecanismos de atención a las víctimas y el funcionamiento de los refugios para las víctimas de violencia. De acuerdo con Lagarde (2007) esta Ley única en su género, obedece a más de 40 intervenciones internacionales de organismos de Naciones Unidas: i) el Comité de la CEDAW, de la Organización de Estados Americanos, ii) la Corte Interamericana de Derechos Humanos,iii) de organizaciones civiles, iv) Amnistía Internacional, v) organismos del Consejo de Europa y vi) de congresos de varios países que han recomendado al gobierno de México enfrentar con eficacia la violencia contra las niñas y las mujeres. Más aún, enfatiza la investigadora, en todas ellas se ha hecho particular énfasis en la impunidad institucional con respecto a la violencia contra las mujeres, misma que crea injusticia y mella el Estado de derecho. Por su parte la LAMVLV del estado de Nayarit consta de 62 artículos, seis Títulos 2 Capítulos y10 artículos transitorios

9 Contexto del municipio El municipio de Ixtlán del Río se localiza en la zona suroeste del estado de Nayarit. Limita al norte con los municipios de La Yesca y Jala; al sur con el de Amatlán de Cañas y el estado de Jalisco, al oriente con Jalisco y al poniente con el municipio de Ahuacatlán. Cuenta con una población de 27,273 habitantes (INEGI, 2010). Asimismo el municipio cuenta con un total de 6,560 viviendas de las cuales 6,428 son particulares. El Ayuntamiento está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y diez Regidores, contando cada uno con un suplente. En relación a la Educación, el municipio cuenta con 20 planteles de preescolar, 27 de educación primaria, 9 secundarias, 4 planteles de nivel profesional medio, 2 escuelas técnicas de educación media superior, una normal superior y dos Universidades: la Autónoma de Nayarit y la extensión de la Universidad Pedagógica. Existen, además, siete escuelas del sistema de Capacitación para el Trabajo. El índice de analfabetismo es de 9.99%. Para el cuidado de la salud el municipio cuenta con clínicas y consultorios particulares, además de una unidad médica de consulta externa y tres clínicas de IMSS-Solidaridad; el ISSSTE tiene una clínica, los Servicios de Salud de Nayarit cuenta con un hospital general y una unidad de consulta externa y una más por parte del DIF. La Cruz Roja Mexicana, tiene una clínica en su delegación. La población económicamente activa representa el 28% de la población total municipal y se concentra en el sector servicios con el 51%; en el sector agrícola con el 21%, en el sector manufacturero con el 24% y en las actividades no

10 especificadas, con el 4%. Los productos cultivables son el maíz, papa, garbanzo forrajero, sorgo, frijol y chile verde, con una superficie total sembrada de 5, hectáreas. Así también el municipio cuenta con recursos forestales, especies como pino, encino, oyamel, guásima y cedro. El sector ganadero cuenta con 36,231 cabezas, de los cuales 21,549 son bovinos, 11,955 porcinos y 1,583 equinos. Adicionalmente, se tienen 889 colmenas. El municipio destaca en la operación de trapiches de caña para la elaboración de piloncillo, establecimientos con actividades de talabartería, elaboración de hojas de maíz para tamales, alfarerías, fabricación de muebles, y actividades relacionadas con la herrería. Además de todo lo anterior, el comercio es una de las actividades más importantes del municipio y de la cabecera municipal, dado que concentra al 50% de la población empleada, principalmente en la venta de artículos de primera necesidad como ropa, muebles, calzado, alimentos y bebidas, venta de refacciones, farmacias etc. En relación a la infraestructura hotelera el municipio cuenta con 9 establecimientos, que van desde la clasificación económica hasta el de cuatro estrellas, 293 establecimientos en el ramo de restaurantes y 46 unidades de servicios profesionales. Existe una afluencia de visitantes anual de aproximadamente 20 mil turistas. Metodología Para hacer el análisis de la aplicación y accionar de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se utilizó la metodología que llevaron a cabo Expertas/os (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI). Para ello se diseñó un cuestionario que cubría cinco aspectos: Perfil de los(as) funcionarios(as) Legislación y Planes Municipales; Acceso a la justicia; Presupuesto Municipal e Información y estadísticas. El cuestionario se aplicó a los funcionarios y empleados que atienden directamente a mujeres en situación de violencia, para ello se les invitó a participar en curso sobre la aplicación de la LAMVLV, previo a ello se aplicó el cuestionario, con la

11 intensión de conocer cuál era su grado de apropiación de la misma. Como resultado de la compulsa de los datos obtenidos se obtuvo lo siguiente:

12 Resultados Perfil de los funcionarios. Uno de los elementos que más influyen en la aplicación de las leyes es la formación, la cultura y los valores que ejercen los funcionarios que dirimen las características que son susceptibles de ser aplicadas en los eventos que se suscitan desde la vida cotidiana a las manifestaciones públicas de los ciudadanos y son especialmente los empleados públicos en general y en particular los encargados del poder judicial, por lo que hemos considerado importante entrevistar a los responsables de las operaciones de lo que seguramente, más tarde podrá constituirse un sistema que abarque todas las estructuras del modelo para la erradicación de la violencia. En el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit se aplicó la encuesta a 7 funcionarios(as) involucrados directamente con la atención de mujeres en situación de violencia; la mayoría mujeres profesionistas y con una relación laboral de un año en el puesto. Lo anterior presenta una serie de ventajas importantes: el personal es profesional (abogadas, psicólogas, médicas, entre otras); son personas jóvenes pues se encuentran en el rango de 30 a 40 años de edad; sin embargo, lo que parecería debilidad, al final se puede tener como una fortaleza; es decir, un año de experiencia en el trato directo de la violencia en contra de las mujeres y, esto mismo, revela un entusiasmo particular al ser una administración que empieza, y hay la voluntad para resolver los problemas que, de alguna forma, se han ido presentando y que son del dominio público algunos, y otros son conocidos por familiares y vecinos.

13 I. Legislación. Con relación a la legislación vigente en el municipio se plantearon 7 preguntas, en principio tienen qué ver con el conocimiento de la Ley; en este particular, se observó, que las actividades administrativas del municipio realizan actividades de rutina y, como se trata de una administración que comienza, es una actividad que es abordada con interés e imaginación; pero se carece de información técnica y de protocolos para la aplicación de las leyes que en torno al género pueden ser susceptibles de ser aplicada a la incidencia de delitos o eventos que impliquen la violencia contra las mujeres; la mayoría ha sido informado por trípticos o terceras personas, y han participado muy poco en la formación para el mayor conocimiento de la normatividad. Esta administración conoce poco esta Ley pero esperamos en lo sucesivo se irán compenetrando en los contenidos y en los procedimientos que están contenidos en la Ley. El caso de los Servicios de Salud aplican el protocolo de la Norma 046 lo que permite, en esa área contar con los servicios de atención a víctimas A nuestra pregunta si la Ley era suficiente para atender los delitos más frecuentes que se presentan en el municipio? el personal entrevistado consideró que la Ley si es suficiente para atender, especialmente los tipos de violencia física y sexual. Sin embargo, se reconoce que la violencia contra las mujeres se puede presentar en distintos ámbitos; es decir, aún cuando son conductas generalmente consideradas del ámbito privado, también en el ámbito público se pueden presentar y al respecto no se hicieron señalamientos directos.

14 La Ley conceptualmente abarca los delitos más frecuentes de problemas de violencia contra las mujeres, pero en la práctica se carecen de los medios institucionales para llevarla al pie de la Letra ; esto es, a través de un consejo municipal, que las dependencias tengan un área especializada para atender las cuestiones de género, así como contar con presupuesto propio. Actualmente los casos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres se resuelven de forma sustentada en la prudencia y la discrecionalidad de los funcionarios haciendo acopio de más buena fe que en la destreza de las técnicas jurídicas con perspectiva de género. A nuestra pregunta de sí en los casos presentados y conocidos por el personal del ayuntamiento contestaron que tienen la idea que todo agresor ha sido castigado, pero no hay unanimidad de que siempre haya sido así y más bien externaron la idea de que ha habido casos de impunidad. En función a que si la Ley es un texto que contiene tipologías de delitos y sanciones contra el hostigamiento y acoso sexual en todos los ámbitos de la vida social; el personal considera que la Ley contempla todos esos aspectos pero que no se conocen cómo se ha venido aplicando en general. En el caso de la violencia intramarital se sabe muy poco sobre cómo se aplicó; en parte, porque la mediación se emplea como un recurso inmediato al conocimiento de los hechos y se deja de lado los procesos jurídicos que pueden resultar demasiado largos y costosos. Para evitar la re-victimización de las personas agredidas se propone que se evite cierto tipo de conciliación o mediación que propicie la impunidad del agresor; se acepta una mediación que evite una re-victimización de tipo jurídico o un exceso de aplicación positiva de la Ley. Actualmente se reconoce que el feminicidio es un delito penal pero como cuestión de género, no se reconoce por completo; esto es, se le reconoce como homicidio genérico, y no como asesinato por el hecho de ser mujer. Por otro lado, se considera en último análisis como un agravante del delito, pero prácticamente no se conocen de casos donde se haya aplicado en este sentido. Como consecuencia, no se han tomado medidas institucionales para prevenir y sancionar

15 este nuevo tipo de delito; incluso tampoco existe sanciones a profesionales y/o funcionarios de la salud que lesionen a las mujeres, puesto que se cuenta con una Comisión de Arbitraje Médico que es la encargada de conocer previamente al ministerio público, o en todo caso, en paralelo al ministerio público y es a este a quien se le ofrece, como procuraduría, los elementos técnico-profesionales para el seguimiento jurídico que se determine. II Programas Municipales En este municipio los funcionarios encuestados dijeron que contaban con un programa para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, no obstante no pudieron precisar las características del mismo; pero consideraron que las áreas que están con mayor énfasis atendidas serían la de prevención y atención en educación y la salud. Así también, no se contemplan acciones en la formación continua para los profesionales que atienden la violencia contra las mujeres. El ayuntamiento, a la fecha, no cuenta con un contrato para publicaciones o campañas de difusión sobre derecho de las mujeres ni de información para que las víctimas de violencia establezcan los primeros contactos en vías de acceso a la justicia o la atención a quejas referentes a la condición de la mujer violentada; no se cuentan con protocolos o formatos que orienten las acciones de la prevención o la atención a víctimas. III Información estadística

16 El municipio no consigna ningún tipo de seguimiento estadístico que dé cuenta de las personas atendidas, trasladadas a otras autoridades judiciales, y como consecuencia, no se sabe de penalizaciones u otro tipo de resultados. IV. Acceso a la Justicia El personal encuestado que atiende a las mujeres víctimas de violencia, consideró unánimemente, que las medidas actuales de justicia no facilitan el acceso a la protección de las mujeres. Si bien se reconoce que existen algunas medidas de protección contra las mujeres, no se logró precisar qué tipo y cuándo se utilizan estas medidas; más aun, la mayoría piensa qué se pueden tomar como muy limitadas. En cuanto al tiempo que transcurre entre la presentación de denuncia y la aplicación de medidas de protección, el personal consideró que sería de 2 a 4 días. En este sentido no dieron el tiempo promedio en que se han tomado medidas de protección, ni tampoco entre la denuncia y la aplicación de sanciones. Así mismo no mencionaron si en los casos que se han atendido se pronunciaron prejuicios sexistas y estereotipos de género, aún cuando muy pocos piensan que se siguen usando estos atavismos. 4.1 Servicios especializados Es muy importante como medida precautoria de protección a las víctimas está la de distanciar a la víctima del agresor, por lo que una de las medidas prácticas institucionales que se tienen que tomar es el destinar un área (casa) que sea tomada como refugio o casa de acogida y este municipio aún cuando destinó un área dentro del DIF nunca se ha utilizado para esa finalidad; la mayoría de los encuestados aducen no saber nada al respecto.

17 III. Presupuesto Este municipio en particular destina un presupuesto para las acciones del DIF y dentro de estas orienta los gastos provocados por la violencia contra las mujeres: Todos los servicios proporcionados son gratuitos así como la asesoría jurídica de acompañamiento. La mayoría de las acciones se han destinado a pláticas y asesorías a estudiantes y grupos de autoapoyo y no tanto a campañas de sensibilidad y atención tendientes a formar una cultura de la no violencia familiar y social y tampoco se cuenta con indicadores de calidad para evaluar de manera permanente los servicios que se han prestado a casos de mujeres víctimas de violencia.

18 Conclusiones y recomendaciones Conclusiones i) Las nuevas administraciones municipales tienen algunos meses de haber asumido la responsabilidad de atender a mujeres violentadas y no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar campañas de largo alcance para la prevención y sensibilidad sobre los fenómenos de agresión contra las mujeres. ii) La formación de los funcionarios no está orientada a fortalecer la perspectiva de género en la administración pública local. iii) La cultura de las poblaciones municipales se comportan dentro de arquetipos sexistas que tanto en la presentación de eventualidades de violencia, como en el tratamiento que se les ha dado por las autoridades tienen una presencia destacada que se convierte en obstáculo para que la LAMVLV pueda ser un instrumento de uso cotidiano. iv) Hasta ahora, el municipio no tiene programas ni campañas que pretendan modificar usos y costumbres para evitar la agresión hacia las mujeres, en parte porque no se visualizan los contenidos de la Ley como un paradigma de una conducta más sana para la población. v) Cómo se desconoce la Ley los casos atendidos han sido abordados desde la prudencia y la buena fe del personal ocupado en resolver la problemática de los eventos y sigue siendo una laguna dentro de las administraciones locales,

19 incluso ante la presencia del feminicidio, las autoridades no han captado la relevancia que tiene para el esquema de delitos que deben ser considerados como una nueva forma de resolver la gravedad de la violencia contra las mujeres. vi) Ante la carencia de un sistema municipal que racionalizara los recursos y las acciones que el municipio podría ejercer en atención a los fenómenos de la violencia contra las mujeres, las actividades hasta ahora revisadas por el municipio carecen de una coordinación entre las diferentes dependencias y no son fácilmente capitalizables para crear expectativas de soluciones de más largo alcance y dan origen a circunstancias de redundancia de trabajos por un lado y por otro la desatención de emergencias importantes así como el desperdicio de recursos y oportunidades para consolidar cambios en las actitudes de la población. Recomendaciones i) La Ley recomienda constituir un sistema municipal de seguridad de una vida sin violencia para lo cual habría que instituir un consejo municipal que tenga como finalidad el desarrollo de los ejes de acción de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el municipio. ii) Crear la infraestructura administrativa necesaria para revisar las acciones del sistema municipal. iii) Para que una institución funcione se requiere tener un presupuesto propio que lo pueda hacer permanente y desarrollable para que la cobertura de servicios se dé tanto en extensión como en complejidad.

20 iv) Una vez creado el sistema municipal se tendría la capacidad para hacer evolucionar los hábitos, costumbres, atavismos, etc., que son la base de los fenómenos de la violencia contra las mujeres para lo cual el sistema contaría con los medios para evaluar en forma permanente las acciones realizadas dentro de programas y planes municipales y se pudiera auditar el comportamiento de funcionarios para evitar desviaciones que constituyen perjuicios a personas o instituciones.

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