DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Advertisement
Documentos relacionados
Advertisement
TranscripciĆ³n:

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 431 Pág. 1 PARA LA EVALUACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ENRIQUE SERRANO MARTÍNEZ Sesión núm. 6 celebrada el jueves 15 de febrero de 2018 ORDEN DEL DÍA: Comparecencias en relación con la evaluación y la modernización del Estado autonómico. Por acuerdo de la Comisión de evaluación y la modernización del Estado autonómico: Del señor presidente del Consejo Económico y Social, CES (Peña Pinto). (Número de expediente 212/001136)... 2 Página Del señor director del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP (Arenilla Sáez). (Número de expediente 212/001137)... 10 Corrección de error... 26

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 2 Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde. COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO: DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, CES (PEÑA PINTO). (Número de expediente 212/001136). El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señorías, buenas tardes. Es la sexta sesión de esta Comisión. Tendremos dos comparecencias, la primera de ellas protagonizada por don Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, a quien doy la bienvenida y la palabra para que exponga cuanto a su juicio resulte de interés para los trabajos que esta Comisión tiene encomendados. El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, CES (Peña Pinto): Presidente, señorías, lo primero que quiero hacer es expresar mi gratitud, ya que es un honor personal e institucional comparecer. Yo asisto aquí como presidente del Consejo Económico y Social, que es el más alto órgano consultivo en materia social, económica y laboral del Gobierno. Es una representación cabal de la sociedad española, ya que ahí están representados los representantes de los trabajadores, de los empresarios y de la sociedad civil organizada, como la economía social, los consumidores y usuarios, la agricultura y la pesca, etcétera. Además, tiene como elemento definidor la ambición de trabajar a través del entendimiento, del consenso, siendo así que la mayoría de nuestras actuaciones, informes, dictámenes, etcétera, gozan de una mayoría que ronda casi el cien por cien. Por lo tanto, aquello que exponga aquí va a ser una especie de diagnóstico concertado del mínimo común denominador que sobre estos temas piensa esa parte de nuestra sociedad. Esa parte de nuestra sociedad que es la que hace cosas, la que trabaja, la que aporta el sustento para la convivencia y el bienestar. Nuestra conexión constitucional es poderosa porque en nuestra ley fundacional de 1991 dice que nacemos para dar cumplimiento a la obligación constitucional de favorecer y promover la participación, es decir, somos un órgano de democracia participativa, a través del cual participan estos representantes de la sociedad en la cosa pública. Y tenemos una relación de confort bastante significativa con lo que nuestra Constitución significa. Entendemos que en estos temas que nos preocupan, estos temas económicos, sociales y laborales, la Constitución española es un texto de progreso difícilmente mejorable en nuestro mundo. Para lo que estamos hablando, creo que debo partir de un informe importante para nosotros que hicimos en el año 2000. Han pasado ya dieciocho años. Hablando de desarrollo autonómico, el informe se llamaba De unidad de mercado y de cohesión social. Este informe era tanto un diagnóstico, como una especie de guía de trabajo. El diagnóstico que quizás sea lo sustantivo era el siguiente. Considerábamos que el artículo 1 de nuestra Constitución, cuando se define a España como un Estado social y democrático de derecho, no es un artículo que diseñe un término declarativo, ornamental; es un pilar constitucional básico que repercute en todo el orden político y económico. Es decir, todo el orden político y económico de nuestro país tiene que perseguir que España sea una democracia social y de derecho. En el bloque esencial de constitucionalidad la cohesión social es un elemento determinante, definidor y la cohesión social tiene una doble dimensión: la cohesión social y la cohesión territorial; el binomio cohesión e igualdad. Eso pensamos nosotros que es lo que debe determinar la política pública. Al hilo de ello, en ese informe, hicimos cuarenta y dos conclusiones. Una de estas conclusiones a las que llegamos hace dieciocho años, que yo creo que es explicativa de lo que estamos hablando, es la siguiente: Es necesario arbitrar el procedimiento que institucionalice la concertación y la coordinación de todos los centros de poder, de modo que se active de forma colegiada para garantizar el objetivo común de armonizar los diferentes intereses y de salvaguardar la unidad de mercado y la cohesión social. Aparecen ya las palabras concertación y coordinación como indicadores de elementos imprescindibles para conseguir algo que no está del todo conseguido, que es la cohesión social y la unidad, que es la cohesión territorial. Al hilo de esta conclusión y este diagnóstico insisto, concertado, es decir, es un mínimo común denominador de lo que piensan los agentes sociales y económicos en nuestro país, decíamos: La Constitución establece unos principios esenciales que se orientan hacia la cohesión y que para alcanzarla es menester la aplicación de políticas públicas que se compadezcan con este objetivo

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 3 pretendido, el de la cohesión, de su doble dimensión, social y territorial. Identificamos catorce políticas públicas que considerábamos que eran de interés para alcanzar este objetivo y a partir del año 2000 iniciamos un trabajo que consistía en la elaboración de informes que tenían que ver con esto de lo que estamos hablando, como pueden ser sanidad, medio ambiente, educación y capital humano, creación de empresas, investigación, o quizás el último de hace menos un mes, el de vertebración rural en España, que no vamos a comentar, pero cuya importancia respecto al despoblamiento es significativa. En todos estos informes estuvimos examinando aquello que más nos importaba, porque nosotros considerábamos que todo esto promovía la cohesión y que la cohesión era un elemento determinante para la eficiencia del sistema, para la competitividad. La escalada era: Constitución española, cohesión, competitividad. Y esto cómo funcionaba en las distintas áreas que veníamos estudiando desde entonces y seguimos estudiando? De ellos sale una conclusión primera e impertinentemente repetida en cada uno de los temas objeto de estudios, que son los defectos de coordinación, los defectos de ausencia de codecisión y de ausencia de información. La ausencia de información no es algo menor, porque entorpece todo el proceso evaluativo y la ausencia de evaluación impide ajustar la política a la realidad y a lo pretendido. Es decir, que en todos los asuntos que realmente nos interesan, aquellos asuntos que tienen que ver con los bienes públicos constitucionalmente protegidos, destacamos una ausencia de colaboración institucional; una ausencia de colaboración institucional no inocente, que afecta a la propia eficiencia de cada sistema que sea objeto de examen. Ahí damos un paso siguiente. Y esto, que afecta a la eficiencia, qué significa? Para ello no me remito a estos informes específicos, me remito a la memoria anual, socioeconómica y laboral que el CES viene legalmente obligado a elaborar cada año y que la próxima será la vigésimo quinta. En dicha memoria año tras año se pone de manifiesto que los índices de dispersión y de divergencia en nuestro país no se reducen, quizás vayan a peor, porque la divergencia aumenta en nuestro país. Los ejemplos podrían ser numerosísimos y todos los sabemos. Este es un país cuyo PIB per cápita está en una horquilla que va del 60 % al 140 %. Este es un país en el que el desempleo puede triplicar su dimensión entre una comunidad y otra. Este es un país donde el gasto sanitario por persona al año puede oscilar entre los 1600 euros y los 1000 euros. Este es un país donde el salario de inserción, la renta mínima básica puede oscilar de los 700 a los 300 euros. Es una divergencia real, que insisto no se corrige. Quizás podría decirse que esto es lo que identifica la pluriculturalidad de España; esta divergencia que es menester, que es obligatorio, constitucionalmente reducir y aliviar. Les hablaba de que la conexión entre la Constitución y nosotros, lo que yo represento, el CES, era poderosa y que estamos a gusto en ese espacio constitucional, que era un espacio de confort. Les decía que a la postre dentro de lo que es la redacción constitucional hay unos principios que se orientan hacia la cohesión. Los poderes públicos vienen obligados a aplicar políticas que alcancen este objetivo y son poderes públicos participados, en el sentido de lo que aquí ahora me interesa están llamados a participar. Por qué? Porque el artículo 7 de nuestra Constitución quiero recordarlo, porque no se suele recordar, como es obvio, está entre los artículos 6 y 8. Estos últimos artículos se refieren al ejército y a los partidos políticos y el artículo 7 se refiere a los sindicatos. Esa es la jerarquía que la Constitución da a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Este artículo dice algo que es de interés: que no representan exclusivamente los intereses de sus afiliaciones, que representan y promueven intereses sociales y económicos nacionales, ergo, son sujetos constitucionales, comprometidos, por tanto, a la participación de esta gobernanza que alcance la cohesión. Estos sujetos que ahora a mí me interesan que son los sindicatos y las patronales gozan de lo que podríamos llamar una doble dimensión: representan intereses, haciéndolo de manera tangible porque se puede medir la representación, pero, a la vez, transforman la realidad a través de la negociación, del compromiso. Aquí entra otro artículo de la Constitución muy afín que es el artículo 37, que viene a decirnos que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva, así como la fuerza vinculante de los convenios. No dice la Constitución que la ley regulará la negociación colectiva, sino que la garantizará, es decir, es un derecho armado; la garantiza y debe ser vinculante y debe ser vinculante para participar en el compromiso de cohesión social y territorial. Yo no conozco insisto una Constitución que en estos temas, que a mí particularmente me son tan afines por oficio y por biografía, sea más progresista que la nuestra, más defendible que la nuestra. Yo soy consciente de que en los últimos cuarenta años han pasado muchísimas cosas, ha habido lo que llaman los entendidos un cambio categorial. Al hilo de la globalización y de la revolución tecnológica han aparecido fenómenos muy complicados: robotización, uberización, digitalización, la escisión entre el

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 4 poder político y poder económico, la bomba demográfica Eso evidentemente diseña una situación muy compleja, muy difícil de gobernar y además muy acelerada. Parece que no tenemos tiempo para detenernos y conseguir el equilibrio, todo es muy urgente. Aun así, y siendo cierto que han pasado muchas cosas en estos cuarenta años, creo que el manual de instrucciones constitucional está vigente en lo que a estos temas se refiere, aquello que llamaba Rodrik el código de circulación, un código de circulación razonable. Yo no pienso que sea un código de circulación que esté mal diseñado. Aunque sea mínimamente, porque tampoco me soporta la autoridad para opinar mucho sobre ello, quisiera hacer alguna consideración sobre la reforma que tendríamos que hacer. Para la casa a la que represento la reforma adecuada obviamente es aquella reforma que promueva la igualdad y fortalezca la cohesión; no sería discutible. Siempre que hablamos de reforma hay una cosa que es vital recordarlo. Comentaba Safranski que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda. El procedimiento de reforma es mucho más importante que la reforma y este es el primer elemento esencial en todo proceso de reforma, máxime en un proceso como el que ahora nos ocupa, que exige una mayoría tan cualificada. Mi primer objetivo es alcanzar la mayoría porque sin mayoría no hay existencia, la mayoría es previa a la existencia. Ahí existe el esfuerzo del mínimo común denominador, aquello que llamamos los clásicos del consenso, el equilibrio armónico de frustraciones mutuas. Para ello un asunto que es obvio y que es inicial es la delimitación del problema. Ningún problema se puede resolver si no está delimitado. La palabra delimitación, en este caso, tiene un doble significado. Hay que marcar el perímetro, pero también que hay delimitar las ambiciones. El exceso de expectativas es letal para conseguir un acuerdo porque la reforma no es un texto académico inatacable y perfectamente elaborado, es otra cosa, es una cosa más complicada evidentemente, que tiene que responder a esas varias preguntas: qué me sobra y qué me falta? Esto que tengo yo, en qué me entorpece? Y qué no me ofrecen? Qué podría tener que me resultara a mí más útil? Evidentemente, no venía aquí a dar una clase a nadie porque me horroriza y mucho menos hacer de experto, que tampoco me satisface gran cosa. Yo querría acabar recordando a una persona, a quien tengo bastante aprecio, que es Javier Gomá, que venía decir que no cabe reformar desde la desafección. Es decir, la indignación y la reforma forman un maridaje difícilmente compatible. La reforma parte de la afección, de la pertenencia. Yo sinceramente creo que nosotros tenemos que estar orgullosos, al menos tímidamente orgullosos, de lo nuestro y de nuestra Constitución; una Constitución que selló un armisticio entre los españoles. Recuerdo entonces una frase de Enrique Tierno que venía a decir: Nosotros no hemos sido elegidos para hacer una Constitución; nosotros hemos sido elegidos para restañar heridas nacionales. Y después qué pasó? Pasó que poco a poco, en cuarenta años, nos hemos ido dando cuenta que armisticio y bienestar conjugaban, y conjugaban bastante bien. Hacer un repaso de lo que ha pasado en España en estos cuarenta años es saludable. El índice de esperanza de vida se ha incrementado casi en diez años, que no es poco. Nosotros teníamos dos médicos por cada mil habitantes, ahora tenemos casi cinco. Hemos cuadruplicado el gasto en educación. Una pensión era de 70 euros de media, la pensión media de 2017 es de 1332 euros, y la cobraban cuatro millones de personas, hoy la cobran nueve millones y medio. En 1978 se perdían en España ciento veinte millones de horas de trabajo por huelga. Ahora que todo es tan complicado, tan difícil, tan crítico, no llegan a dos millones las horas de trabajo perdidas por huelga. Dentro de la crisis que padecemos, trabajan en España seis millones más que entonces. No está mal. No es que haya que restañar ahora heridas, porque en nuestro país las heridas no debemos olvidarlo están restañadas, sino que hay que hacer un pequeño esfuerzo por provocar el afecto y la pertenencia a la Constitución y a lo que ella ha conseguido. Obviamente habrá que estar comprometido no en restañar heridas, sino en promover la convivencia y en aliviar el malestar, que a la postre es la única función de la política. Lo único que hemos inventado para aliviar el malestar y bien inventado está han sido las pensiones, la sanidad y la educación. Esto habrá que blindarlo, protegerlo, quererlo y defenderlo. Uno tiene la sensación de que todo ello se consigue mejor desde la cohesión que desde la diferencia o desde las identidades distintas. Repito que ha sido un placer comentarles lo que hace la casa que presido ay de mí! desde hace casi doce años y lo que pensamos y pienso sobre estos temas. Muchas gracias. (Aplausos). El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peña.

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 5 Comienza ahora el turno de intervenciones en nombre de los grupos presentes en la Comisión. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Hernanz. La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señor presidente. Gracias, señor Peña. Permítame decirle que somos los miembros de esta Comisión los que estamos honrados por su presencia y muy agradecidos por su intervención, que para el Grupo Parlamentario Socialista es muy trascendente en un doble sentido. Por una parte, evidentemente, porque la propia naturaleza del órgano que preside, como alto órgano consultivo del Gobierno en materia económica, social y laboral, así como por la presencia del CES en las diferentes comunidades autónomas, desde su creación en el año 1991, es la de un observador privilegiado del desarrollo legislativo, de la plasmación práctica de nuestro Estado descentralizado en materias fundamentales para la vertebración social y económica de nuestro país. Creo que debe saber cuál ha sido el efecto de esa descentralización sobre las condiciones de vida y el bienestar de los ciudadanos, por una parte, por el cargo que ocupa y, por otra, por su propio perfil como mediador y negociador de reconocido prestigio, así como conocedor de la necesidad de la búsqueda de acuerdos y de consensos. Este perfil se plasma en el propio saludo institucional que dirige desde la página del CES y que encabeza con una frase en la que resalta la necesidad del diálogo permanente, la persecución de puntos de encuentro y la obligatoria aplicación de la tolerancia, que seguro que le hace comprender, señor Peña, la difícil tarea que encaramos los miembros de esta Comisión. Desde luego, compartimos que en los últimos cuarenta años se han producido transformaciones radicales en nuestro país y, desde luego, un importantísimo aumento del bienestar en cuanto a las coberturas sociales, a los derechos y a las libertades. Los socialistas no tenemos ninguna duda de que gran parte de esa evolución se la debemos a nuestro texto constitucional y de que también está ligado íntimamente con la consolidación y el desarrollo del Estado autonómico. Sin embargo, también creemos firmemente que ha llegado el momento de realizar una evaluación de su funcionamiento a fin de identificar las oportunidades de mejora, mediante la introducción de elementos de refuerzo de la coordinación, colaboración y transparencia, que nos permitan alcanzar el que debe ser nuestro objetivo único, que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de los servicios que reciben de las distintas administraciones y que deben estar marcados por los criterios de suficiencia, calidad y equidad. Estamos convencidos, como he dicho, de que el CES es un observador privilegiado para evaluar algunas de las políticas fundamentales para la vertebración social de nuestro país, la sanidad, la educación, los servicios sociales o el derecho al trabajo, y por ello nos parece importante su punto de vista. Al hilo de su intervención, quiero plantearle un par de cuestiones. Ya he dicho que el respeto, el reconocimiento y el apego del Partido Socialista a la Constitución es absoluto, pero también creo que tenemos que reconocer que la España de 2018 no es la misma que la de 1978, y que precisamente para facilitar ese apego de la sociedad a nuestro texto constitucional deben realizarse algunas reformas que permitan que dé respuesta a los problemas actuales. Mencionaba el compareciente, por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva del artículo 37, y quiero mencionar la suficiencia de las pensiones o el propio modelo territorial, que son cuestiones que evidencian cómo aquellos principios o criterios que estaban recogidos en la Constitución, a veces, con el paso del tiempo, no conseguimos que sean efectivos en la realidad actual. Por tanto, reconociendo este modelo como de éxito, creemos que son necesarios algunos cambios que ayudarían que se adaptara mejor a la realidad social. Por ejemplo, cómo se puede ampliar, para garantizar su efectividad, el ámbito de concreción de algunos de los derechos que han sido mencionados por el compareciente, y que en la realidad vemos que se ven disminuidos o, a veces, como la propia negociación colectiva, casi desaparecidos. También nos gustaría conocer cómo se pueden garantizar instrumentos de coordinación que hagan que esos servicios, que son el objetivo último de las administraciones, lleguen a los ciudadanos con equidad y suficiencia. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernanz. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes. El señor PRENDES PRENDES: Gracias, señor presidente. Señor Peña, quiero agradecerle su presencia en esta Comisión y sus aportaciones. Tengo que decirle que mi grupo está muy en la línea de lo que usted ha expresado en esta comparecencia, en esa defensa de la cohesión social que, en buena medida, está vinculada a la cohesión territorial, que es algo que nos ocupa hoy aquí. Repito que estamos muy en esa línea. Entendemos que hay unos derechos básicos que

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 6 hay que garantizar en el conjunto del territorio nacional y que las diferencias territoriales en ningún caso pueden comprometer esa igualdad de derechos entre todos los ciudadanos españoles. En ese sentido, mi partido hace suya la apuesta que usted hace desde la institución que preside, que concreta de forma expresa en blindar las pensiones, la sanidad y la educación, diciendo que eso se defiende mejor desde la cohesión que desde la exaltación de las identidades distintas o diferentes. La institución que usted preside fomenta el diálogo y el acuerdo; es un espacio de diálogo constitucionalizado entre los agentes económicos y sociales de nuestro país, que viene de la mano de ese Estado social y democrático de derecho al que usted ha hecho referencia y que es algo más que un principio, porque es definidor del Estado que construimos a partir de la Constitución de 1978. Lo cierto es que estando absolutamente de acuerdo con lo que usted dice, me faltan pocas preguntas por hacer, pero hay una que quisiera hacerle. Como usted sabe, prácticamente en todas las comunidades autónomas han proliferado órganos similares al Consejo Económico y Social que usted preside, de ámbito nacional. Cuando se decide igualar el techo competencial, que la estructura organizativa de las propias comunidades autónomas sea similar, cuando en un principio parecía que no estaba determinado así, sino que han sido los pactos posteriores a los años 1981 y 1992 los que van definiendo esa estructura territorial, también se decide que las comunidades autónomas tengan una organización institucional muy similar y se crean consejos económicos y sociales. No sé si le parece que replicar esos ámbitos de acuerdo entre los agentes económicos y sociales en todas las comunidades autónomas es algo deseable o no o si puede comprometer esa cohesión institucional. Me gustaría que hiciese alguna reflexión al respecto. Cuando hablamos de estos derechos tan básicos como son las pensiones, la sanidad, la educación, es evidente que están íntimamente ligados a la financiación autonómica, porque un paquete muy importante de las competencias en sanidad y en educación está transferido. Con una financiación insuficiente es posible que no todas las comunidades autónomas puedan garantizar esos grandes servicios públicos del Estado del bienestar en las mismas condiciones. Me gustaría que hiciese algún comentario sobre la financiación de las comunidades autónomas, porque para nosotros es crucial y está ligada a la cohesión social. Le hago una reflexión en términos muy generales. Estos grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, también los servicios sociales usted ha puesto un ejemplo sobre las rentas básicas que me parece que es lo más palmario, lo más claro de lo que yo le digo, o son verdaderos servicios públicos nacionales o es posible que no lo sean en el futuro, al menos que no lo sean para todos los españoles. Quisiera saber si usted y el organismo que usted preside comparten esta reflexión y qué le parece lo que le acabo de comentar. Muchas gracias por sus aportaciones. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prendes. Por el Grupo Mixto, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, tiene la palabra el señor Alli. El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias. Al igual que el resto de los portavoces que me han precedido, quiero dar la bienvenida al señor Peña Pinto, presidente del Consejo Económico y Social. Represento a un partido, Unión del Pueblo Navarro, que tiene dos escaños de los 350 que hay en esta Cámara. Es un partido regionalista, navarro, que defiende una Navarra foral, con régimen de fuero, y esa singularidad del ser colectivo de los navarros, pero también, sin duda, con orgullo de pertenencia a la nación española y, por tanto, a Europa. Compartimos absolutamente el artículo 1. de la Constitución, al que usted se ha referido, que es el que dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Asimismo, compartimos, señor Peña, ese valor intrínseco de un Estado democrático de derecho, que es el de la cohesión social y el de la cohesión territorial. Hasta aquí podemos estar de acuerdo. Yo tenía previsto hacer una intervención, pero después de escuchar al que siempre me precede en esta Comisión me cambia algo el discurso que iba a hacer. Le digo por qué. Por supuesto que un derecho esencial de la sociedad española, como Estado democrático y moderno que es, es la igualdad. Faltaría más! Pero no equivoquemos la igualdad con la uniformidad. Estamos de acuerdo en que todos los españoles, nazcamos donde nazcamos, tenemos que tener unos derechos y unos servicios públicos con igualdad de oportunidades de acceso a los mismos. Pero también quiero decirle que el acceso a esa igualdad no tiene por qué ser uniforme en todas las comunidades. Me explico. Siempre hablamos de la solidaridad, de la aportación desde el fuero, y reitero, desde la humildad de 640 000 orgullosos habitantes navarros y españoles, que siendo la tercera comunidad con menos población somos la cuarta que más

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 7 aporta en ese sistema asimétrico, y tenemos ese orgullo de contribución al gasto común de todos los servicios de los españoles. Si entramos en un debate, al que usted se ha referido, sobre algunos servicios, como la educación, sobre el decalaje que existe en algunas comunidades, no tanto como gasto, porque me gusta decir como inversión social en políticas sociales, en políticas educativas o en políticas sanitarias o de salud del conjunto de los españoles, me gusta apelar a un valor fundamental, que es el de la responsabilidad, tanto en las competencias administrativas como políticas, de las comunidades autónomas y, por tanto, también en la Comunidad Foral de Navarra. Cuando uno es responsable en una comunidad con las competencias transferidas, por esa descentralización que supuso la Constitución española, y con ese anclaje del Fuero Navarro, que está en la disposición adicional primera, lo que tiene que hacer es contribuir al conjunto de los españoles, pero también tiene que ser responsable en la comunidad que gestiona. Pondré un ejemplo para explicarme. En la Comunidad Foral de Navarra, en la que gobernó muchos años Unión del Pueblo Navarro, partido al que pertenezco, se tomó la decisión de no tener una televisión pública, porque se priorizó la inversión educativa, la inversión social y la inversión en el ámbito sanitario frente a otros gastos que otras comunidades sí han hecho, lo que supone minorar la inversión en esos ámbitos tan básicos en un Estado del bienestar como los que acabo de citar. Veo cuál es su postura, pero quisiera saber qué anclaje ve al Fuero Navarro en la Constitución española. No considera que la contribución de los navarros en solidaridad, colaboración y cooperación con el conjunto de los españoles no está reñida con buscar la igualdad de todos los españoles? Muchas gracias por su intervención. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez. El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Peña, por acudir a esta Comisión y por sus interesantísimas aportaciones. Esta Comisión, como sabe, no tiene por objeto reformar la Constitución no estamos aquí para eso, sino hacer una evaluación de nuestro modelo territorial. Creo que esta evaluación es muy importante, porque no se había realizado nunca en sede parlamentaria, al menos con esta sistemática y con esta voluntad, con este ánimo tan exhaustivo. Digo exhaustivo, porque no solo estamos haciendo balance en el ámbito de lo político, aunque quizá en origen existía esa voluntad de ver un poco cómo había evolucionado nuestro modelo territorial en ese aspecto, sino que por la planificación de esta Comisión lo estamos haciendo también, y creo que es muy importante, en el ámbito de lo económico y lo social. Eso nos va a dar una visión muy transversal de lo que va a ser el balance de estos cuarenta años de nuestro modelo territorial. Eso tiene su lógica, porque no se trata solo de conocer en qué medida España ha pasado de ser un país centralizado a estar fuertemente descentralizado, lo importante es saber si ese modelo territorial de una España descentralizada ha contribuido a mejorar el bienestar de los españoles. Eso es lo importante. Por eso me parece muy interesante lo que estamos haciendo con esa evaluación de carácter transversal. Hemos visto que a algunos que no participan en esta Comisión parece que les interesan más los derechos de los territorios que los de las personas, pero a nosotros no, porque lo que nos importa es que la política y las instituciones estén siempre al servicio del bienestar de las personas. Creo que en ese principio coincidimos con lo que el órgano que usted preside también persigue. Por eso nos han parecido muy interesantes tanto su información como sus reflexiones. Al fin y a la postre, como se ha recordado aquí, el Consejo Económico y Social es el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, pero actúa también de observador, de escrutador si me lo permite de la evolución de la actividad económica, de sus avances y de sus deficiencias, que también es algo que nosotros queremos evaluar en esta Comisión. De hecho, su memoria anual se ha convertido en lectura obligada para entender el desarrollo y la situación socioeconómica de España. Por eso, a lo largo de estos años, y en cumplimiento de las funciones que le encomienda la Constitución, ha podido evaluar y analizar la colaboración que se ha producido entre el Estado y las comunidades autónomas. En ese ámbito de la planificación económica he entendido que usted es crítico con esa colaboración, que cree que entre el Estado y las diferentes administraciones debería haber mayor coordinación. Por ello, mi primera pregunta es: cree que con carácter general la relación entre el Estado y las comunidades autónomas se ha guiado por los principios de colaboración y participación, o piensa que en algunos momentos ha tenido un carácter, digamos, adversativo? Considera que deben desarrollarse más los principios de colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones?

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 8 Por otra parte, el órgano que usted preside ha sido testigo de excepción creo que lo hemos sido todos los españoles de la evolución, de los cambios, de los avances que en las últimas décadas ha vivido no solo la economía, sino también el conjunto de la sociedad española. Creo que nadie puede negar que España ha evolucionado mucho, que ha cambiado mucho y, además, lo ha hecho para mejor, y tampoco puede negar nadie que la España constitucional, entendida como un todo, ha sido un factor decisivo para ello. Coincidimos con usted en que el texto de la Constitución es difícilmente mejorable. También pienso que nadie puede negar que en nuestro modelo territorial, como una parte de ese todo de la España constitucional, no solamente no ha sido un obstáculo, no solo no ha entorpecido, sino que necesariamente ha tenido que contribuir al desarrollo económico y a la prosperidad social de España. Es verdad que ese desarrollo económico ha podido producir desequilibrios, de hecho, usted considera que esa distribución de rentas no ha tenido el equilibrio necesario desde el punto de vista territorial. Es indudable que en estos años se ha producido una mayor igualación, una mejora en ese principio de cohesión y territorial de España, eso es innegable, pero usted hablaba de que había índices de divergencia que le preocupaban, y ha puesto dos ejemplos. El primero era que el desempleo triplicaba su dimensión en comunidades autónomas, pero convendrá conmigo en que la divergencia aumenta cuando se destruye empleo, cuando se incrementa el paro, y disminuye cuando se produce lo contrario, que es en lo que estamos, en crear empleo e intentar que sea de calidad. El segundo era que el gasto sanitario por persona al año difiere en las comunidades autónomas entre 1600 y 1000 euros. Esto obedece a decisiones políticas, no es un factor que se produzca por casualidad; son decisiones políticas en el ámbito presupuestario, en la gestión de las propias competencias. Yo suelo decir que la política no se mide por discursos, sino por resultados. Pues bien, en aplicación de las prioridades que establece cada Gobierno a la hora de hacer sus presupuestos se dota más o menos a determinadas materias, y por eso son diferentes los resultados en las comunidades autónomas. En cualquier caso, quisiera hacerle unas preguntas que creo que son importantes. De cara a los próximos años, cuál es la tendencia de convergencia en términos de renta y riqueza, de PIB, entre comunidades autónomas? Cree que podemos reducir esas divergencias y aumentar las convergencias? Cree que las políticas públicas que a ese fin se están llevando a cabo, junto con los fondos de la Unión Europea, están ayudando a reducir desequilibrios y a mejorar la convergencia, o no se está produciendo ese pacto? Si tuviera que resumirlo en uno o dos titulares, qué medidas propondría para mejorar la convergencia? Le hago las dos últimas preguntas. Se ha referido a esta cuestión diciendo que no tenía tiempo para desarrollarla. Yo pertenezco a una comunidad autónoma, Castilla y León, de la España interior, en la que preocupa mucho un factor, que es el envejecimiento de la población y la despoblación. Recientemente, ustedes han analizado ese factor de despoblación en zonas rurales en un informe titulado El medio rural y su vertebración social y territorial. Qué medidas podríamos aplicar para evitar ese factor de despoblación? El envejecimiento también va unido a la esperanza de vida, y afortunadamente en el ranking España es el segundo país del mundo en esperanza de vida, aunque eso conlleva envejecimiento, y en las zonas rurales empieza a ser un problema. Cree que la supresión de las diputaciones, como algunos proponen, ayudaría a mejorar las condiciones de vida en el mundo rural o esa situación empeoraría? Última pregunta. Cree usted que el principio de lealtad institucional debería tener una concreta articulación jurídica y en su desarrollo prever mecanismos que garanticen que la gestión competencial sea respetuosa con el marco constitucional y, por tanto, medidas correctoras en caso de una reiterada gestión inadecuada y desleal? Le doy las gracias por adelantado por sus respuestas. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez. Tiene la palabra el señor Peña para contestar a los grupos lo que estime conveniente. El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, CES (Peña Pinto): Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que más que contestar debería compartir, porque no creo que el asunto sea menor. Creo que todos estamos más o menos de acuerdo en lo mismo y preocupados por lo mismo. Con mayores o menores matices, el sentimiento general es común. La diputada socialista ha dicho una cosa que creo que a menudo se nos olvida, mejor dicho, se me olvida, y tengo que profundizar en ello. Es verdad que veo problemas de coordinación en el funcionamiento autonómico, y también lo es que veo que mi país es mucho mejor de lo que era, que el que yo viví. Es un país más laico, más tolerante, más próspero, y lo es

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 9 porque está funcionando el Estado de las autonomías. A menudo se cae en este olvido. La identificación del Estado autonómico se produce solamente en función de los desajustes y no en función de los éxitos. Por tanto, la defensa de la Constitución, es obvio, es la defensa del Estado autonómico. Cuidado, no es algo distinto, porque es parte identitaria de él. El tema concreto que creo que a todos preocupa, porque ha salido en su intervención y en la de casi todas sus señorías, son los instrumentos tendentes a favorecer la coordinación y la colaboración. Este es un asunto un poco complicado, casi deberíamos comenzar con la clásica afirmación de Marx de que el derecho va a la zaga de la realidad. Aquí lo importante es la realidad y no el derecho; lo importante es la voluntad política de personas y grupos de colaboración. Se ha hablado de que aquí estamos para evaluar. Es obvio. Esto es fundamental, porque es el instrumento imprescindible para cualquier tipo de mejora; si no sabemos de dónde venimos, es imposible saber a dónde vamos. La evaluación es muy difícil por los defectos de información; incluso en temas sobre los que todos creemos que sabemos de lo que hablamos, es difícil. Es difícil hablar de dependencia, de desahucios, porque los datos no son concretos, son complicados. Creo que esa información es fundamental. La lealtad y la colaboración institucional no son un compromiso al que obligue la ley, sino que es la voluntad política la que las determina. Claro que el problema es de financiación, porque a la postre siempre están detrás los cuartos, es obvio, pero lo que nos tiene que preocupar más no es esto, sino el funcionamiento, la eficiencia de los sistemas. Con mayor o menor dinero en sanidad, consideramos que es razonable o no una agencia centralizada de compra de medicamentos? Con independencia del dinero que tengamos, creemos que un registro nacional de profesiones sanitarias es razonable o que no lo es? Redunda en beneficio de todos los españoles o no? A lo mejor redunda más que un incremento del gasto del 0,5 % del PIB. Es decir, de la eficiencia de los sistemas somos más responsables que de su financiación. Eso es lo importante. Claro que a todos los que estamos aquí sentados nos preocupa la educación, creemos que es lo fundamental, porque el factor humano es el central, es el factor estratégico. Y la única herramienta que tenemos para de alguna manera ahormar el futuro son las personas; cuanto más listas, mejor. Este es el verdadero capital de un país: su gente, su inteligencia. Esto lo conseguimos gastando más? Esto lo conseguimos con una discusión interminable sobre financiación del sistema educativo me refiero a todo él, desde primaria a investigación, lo que podríamos identificar por conocimiento-? Nosotros tenemos problemas muy complicados que no dependen exclusivamente de la financiación. No es exacto pero es para que nos hagamos una idea, que serían las tres hojas en España: un tercio de los españoles no llega a educación secundaria, cuya relación con el empleo ya es complicadísima, sobre todo con el empleo de futuro; un tercio de los españoles es una cifra estupenda tiene educación superior. Recuerdo una cosa, para encariñarnos con nuestro país también: la generación de gente para nosotros muy cercana, como pueden ser Felipe González y Adolfo Suárez, tenía un 3 % de licenciados superiores, cuidado!, y estamos superando el tercio. Pero que sucede? Un tercio de los licenciados trabajan en algo que no tiene absolutamente nada que ver con los estudios que han realizado. Y qué nos vienen a decir? En cinco años tendríamos necesidad en España casi de 1 900 000 de trabajadores de los que se conocen como perfil STEM: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. A lo mejor nosotros enseñamos otras cosas: la gente tiene derecho a aprenderlas, pero no sé si tiene obligación de pagarlas, que es distinto. Y eso tiene que ver con la financiación? Eso tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos los problemas y los intentamos coordinar. Me decía el señor Prendes algo sobre lo que la contestación me provoca cierto pudor porque me afecta personalmente, ya que se refiere al CES y, entre los otros, al CES autonómico de Asturias, muy querido, cuyo presidente era muy querido por mí. Como ustedes comprenderán, no pienso que la bondad dependa de la existencia de los CES; tan bueno es con ellos como sin ellos. Pienso dos cosas en cuanto a los CES autonómicos, con los que tengo una relación muy muy personal, íntima e intensa, señora Hernanz: en primer lugar, que no existen zonas sombra, porque cada uno se refiere a un trabajo propio, de su comunidad. Yo dictamino aquella normativa del Gobierno de la nación y el CES de las Baleares dictamina aquella normativa del Gobierno de las Islas Baleares. Después, comprendo que no es fácil rentabilizar esto, pero de alguna manera promueve una cosa que en nuestro país creo que es positiva, que es la cultura del entendimiento y el respeto a las organizaciones intermedias. Comprendo la evolución y el desarrollo de los sindicatos y de las relaciones empresariales, pero es lo que tenemos, y son los mimbres más potentes que tenemos para la construcción ahormada de un Estado. Y creo que es bueno promover ese diálogo, esa presencia en sociedad que a la postre deriva también en la presencia de algo

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 10 que se nos olvida, que es la centralidad del valor trabajo. Es fundamental reivindicar el trabajo y lo que este significa: esfuerzo, mérito, solidaridad, compañerismo, etcétera, valores que, evidentemente, puede que estén anticuados pero creo que siguen armando la sociedad, que es lo que, en definitiva, pretendemos. No ha habido intervención en la que no se haya hablado de la cohesión. Y aquí también repito algo que es propio de mi casa: la cohesión social no es un asunto caritativo, que por ser buenas personas tenemos que evitar la injusticia; no, hombre, que no exista un sufrimiento superior al tolerable. La cohesión es un elemento esencial para la eficiencia del sistema, para ser parte de una sociedad y participar en su proyecto y que sea una sociedad que funcione de manera digna en un país como el nuestro y en una área como la nuestra, que es Europa. Conviene no olvidar una cosa, y es que los europeos somos poquita cosa, representamos el 7 % de la población mundial y nos gastamos el 50 % del gasto social mundial. Hay que estar orgullosos de ello y hay que repicar esa imagen en nuestra cultura, que, por otra parte, está muy afincada en lo que somos. No lo hacemos simplemente por ser buena gente; también es bueno esto desde el punto de vista de la eficiencia económica del propio sistema. Y era lo que decía al señor Alli también, lo he dicho antes cuando hablaba de sanidad. Con respecto a financiación, poco puedo opinar. Me interesa más el funcionamiento de los sistemas que su financiación, que, por principio, siempre es insuficiente. Creo que el debate pierde utilidad cuando solamente pensamos en la cantidad. Habla el señor Bermúdez de Castro de Castilla y León. Entre paréntesis, diré que esta es una comunidad en la que el diálogo social es algo rutinario y los acuerdos también, y pasa desapercibido, aunque creo que es como tiene que ser es el pan nuestro de cada día, y está la despoblación en el medio rural. El informe a que se refiere el señor Bermúdez de Castro lo aprobamos el 30 de enero, anteayer entre paréntesis, sin ningún voto en contra, y, evidentemente, se hace una descripción de la situación, un diagnóstico de nuestra realidad, de los problemas que tienen este tipo de comunidades, porque, por supuesto, no es la única, y después se intenta dar una respuesta, habitualmente no mágica. La respuesta permanentemente es siempre la misma: se necesita una política integrada, coordinada y que mezcle todo, como es normal, todas las ramas de la política: industria, conocimiento, empleo, etcétera. Pero el elemento motriz es la integración y la coordinación de la política, esa es la conclusión, que en política de vertebración rural, como todos sabemos, no es que sea asunto tan sencillo. Seguro que tengo que pedir disculpas porque ha habido alguna pregunta que no he contestado porque se me ha pasado. También ha habido un par de intervenciones al respecto. Sinceramente, creo que la coordinación es mejorable, y he vivido estos problemas, y no desde que soy presidente del CES. Llevo muchos años en esta mili y todo eso lo he vivido, y, por supuesto, es mejorable; y, por supuesto, la lealtad colaborativa es mejorable, sin lugar a dudas. Pensar que lo vamos a evitar corrigiendo un artículo es lo que provoca más sospecha. En definitiva, no sé si tengo que acabar o vamos a seguir hablando entre nosotros; acabaré. Creo que lo que dependa en nuestro país depende de ustedes, señorías. Y lo que decía antes me lo creo a pies juntillas: el procedimiento es esencial. Lo importante es ver en qué me pongo de acuerdo, no en lo que quiero. Ya sé que tampoco es que esto esté en primera plana de los telediarios, pero registra realidad, y es lo más importante, es lo que la gente necesita. La gente necesita razón, que es el único aliado de la convivencia, y creo que ustedes aportan razón en este debate. Conciliar emociones es imposible, incluso en el matrimonio; imagínense en el país. Muchísimas gracias a todos. (Aplausos). El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peña. Esperando divertirnos leyendo el Diario de Sesiones de esta primera comparecencia, le agradecemos sinceramente su intervención por la preocupación que nos ha trasladado desde que la inició hasta su conclusión sobre el país que todos queremos. Me ha inquietado la última metáfora por saber adónde nos lleva, pero eso ya lo veremos. Suspendemos la sesión durante cinco minutos. (Pausa). DEL SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INAP (ARENILLA SÁEZ). (Número de expediente 212/001137). El señor PRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia de don Manuel Arenilla, director del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Para su exposición, le cedo la palabra. El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INAP (Arenilla Sáez): Muchas gracias, señor presidente.

Núm. 431 15 de febrero de 2018 Pág. 11 Muchas gracias a las señoras y los señores diputados por llamarme a contribuir al proceso de reflexión sobre nuestro modelo territorial, modelo que se puede ver desde muchas perspectivas, y una de ellas es desde la Administración pública, aunque solo sea porque es enorme tanto en su contenido como en sus múltiples cifras, y algunas voy a tratar de explicar. Espero no aburrirles demasiado, pero han sido seleccionadas con el fin de dar una imagen de cuál es el contenido de nuestra Administración, cuáles son los rasgos que la definen desde el punto de vista de la comparación internacional. Muchas veces damos valoraciones absolutas sobre algunas cosas, pero a veces está bien compararlas, en ocasiones desde el punto de vista histórico, en su evolución, y en otras desde la comparación. Por eso, voy a tratar de explicar cuál es la Administración española en el contexto, tanto desde el punto de vista del empleo en el sector público, como del gasto y algún elemento que pudiera parecer curioso pero que tiene una enorme importancia a medio y largo plazo, como es el envejecimiento; tocaré la dimensión de la descentralización en España desde el punto de vista de los gastos, los ingresos, la descentralización del empleo público y desde la Constitución de 1978 hasta prácticamente nuestros días; el traspaso de medios personales y materiales, para que se pueda ver qué es lo que ha supuesto realmente también en términos comparados, y tocaré algunos de los elementos de lo que sería el Estado cooperativo, porque a veces también tenemos la tendencia al hablar del Estado de las autonomías de tratarlo como de un Estado con muchos problemas, que los tiene evidentemente, pero también tiene algunos aciertos, y aciertos realmente importantes en términos tanto absolutos como desde el punto de vista comparado. Como he dicho, voy a abordar la temática, por lo menos la inicial, desde el punto de vista de la relación de los países de la OCDE. He elegido la OCDE porque normalmente es el material que manejamos en el INAP. Desde hace mucho tiempo traducimos el libro Panorama de las administraciones públicas, que es el gran resumen cada dos años de la gobernanza de los países de esta organización y las cifras son las más rigurosas, son contrastadas entre los distintos países y no se publica una sola línea de la OCDE que antes no tenga el plácet de todos los países miembros, con lo cual tiene ese rigor. Pues bien, la OCDE ha establecido un sistema de medición del empleo público de los países miembros basado en indicadores relacionados con el total de la fuerza laboral de cada país: la distribución territorial, las retribuciones o la edad media de los empleados, entre otros aspectos. Si atendemos al empleo en la Administración General, la OCDE utiliza el concepto de Administración General e incluye lo que es el Gobierno central, el Gobierno regional, los Gobiernos locales y todas las entidades que tienen que ver y fondos de la Seguridad Social. Si tomamos este empleo, expresado como porcentaje de la mano de obra total del país, en 2015 era el 15,7 % del conjunto del empleo del país el que trabajaba en el Administración pública, claramente por debajo de la media de la OCDE, que en el año 2015 era del 18,1 %, es decir, 2,4 puntos por debajo. Si tomamos como complemento de estos datos los gastos en esta Administración General, hay que señalar que España gastaba en la Administración General 15 195 dólares por persona, que no está mal desde el punto de vista del gasto, pero la media de la OCDE en ese año era de 17 353 dólares, es decir, más de 2000 dólares de diferencia. España ocupaba en ese año el puesto veintiuno de los treinta y cuatro países de la OCDE estudiados. Este primer apartado lo podemos cerrar con una conclusión que, a veces, no está debidamente reflejada en los medios de comunicación o en la opinión digamos de la gente corriente, y es que la Administración española en el contexto de la OCDE no es numerosa en cuanto a sus efectivos por estar por debajo de la media; ocupa el puesto dieciocho de veintinueve países estudiados en este ítem y, además, representa un gasto por persona inferior a la media de la OCDE en un 14 %. Es decir, tenemos una Administración mediana, sostenible, en fin, con un rendimiento acorde con otros indicadores que tiene nuestro país; de ningún modo se puede decir que es una Administración cara ni voluminosa. Respecto a las retribuciones, que muchas veces también salen en los medios de comunicación y en numerosos informes, es difícil de analizar porque a la hora de comparar distintos países, como es obvio, presenta una serie de dificultades. La OCDE utiliza una metodología que es dividir en tramos por niveles de retribución, y una manera de verlo es la diferencia entre el tramo más alto y el tramo más bajo, cuál es el abanico salarial en el que se mueven los países de la OCDE. Si tomamos la Administración General del Estado en este caso solo hay datos para la Administración General del Estado, el abanico salarial se mueve entre 1 y 3,75. Es decir, el puesto más barato en la Administración es uno y el más elevado es 3,75, esa sería la proporción; mientras que en la OCDE es 1 a 4,79. Estas cifras nos dicen un poco en qué ámbito nos estamos moviendo contando sueldos y salarios. Les he comentado antes un dato que no considero anecdótico, porque para el director del Instituto Nacional de Administración Pública también es una oportunidad poder transmitir alguno de los problemas que tiene la Administración española, y uno de

Sitemap